2012 · 03 · 02 • Antonio Pita, Agencia EFE

La 'lista negra' israelí llena de incertidumbre la vida en Cisjordania

Decenas de miles de palestinos de Cisjordania están en la "lista negra" de los servicios secretos israelíes, en ocasiones por motivos tan sorprendentes como compartir familia con un adolescente que ha tirado piedras a soldados o negarse a dar chivatazos al Ejército, según las ONG.

Son los "menuei Shabak", personas comunes que una mañana cualquiera descubren que se les niega o revoca sin explicación alguna la autorización para trabajar en Israel, viajar al extranjero, acceder a hospitales palestinos en Jerusalén Este o cultivar sus tierras en la franja anexionada de facto por la barrera de separación.

Israel no desvela cuántos son, si bien la ONG Majsom Watch asegura que un exresponsable militar de asuntos civiles en la zona, Ilan Paz, los cifró en una conversación en 180.000, de un total de 2,5 millones de cisjordanos.

Como es habitual en el entramado de la ocupación militar israelí, la "lista" no es un documento físico y público, sino una colección de opacas decisiones burocráticas que llenan de incertidumbre las vidas de muchas familias.

El sistema funciona así: Un palestino cualquiera llega al alba al puesto de control militar israelí para cruzar, como cada día, a su trabajo.

Tras la habitual espera, entrega al soldado su documento de identidad, pero en esta ocasión se le niega el ingreso.

Ahmed, de 45 años y natural de Yenín, es uno de los muchos que trabajaba en el Estado judío hasta que pasó a engrosar la invisible tribu de los rechazados.

"Antes todo iba bien. Gracias a Dios tenía trabajo en Israel. Ahora no puedo entrar y nadie me ha explicado por qué, ni una palabra", lamenta tras superar el temor a que el periodista sea en realidad un agente secreto.

Su mujer, seis hijos y tres hermanas dependían de ese salario.

A Naim, que trabajó desde la adolescencia en Israel y en asentamientos judíos como albañil, se le retiró en 2006 el permiso para cruzar el retén que lleva a sus cultivos.

"Veo mis tierras desde la ventana y se la enseño a mis hijos, pero hace seis años que no me dejan poner el pie en ellas", dice a la entrada de su poblado, Yayus, cerca de Kalkilia.

"He construido casas y sinagogas a los israelíes desde los 16 años. He crecido allá. No veo más motivo para hacerme esto que el hecho de que mis terrenos están cerca de la colonia de Zufim", añade.

Las escenas se reproducen en el paso de Allenby, que separa Cisjordania de Jordania pero está controlado por Israel y posibilita a miles de palestinos tanto visitar familiares, estudiar o hacer negocios en el reino vecino como acceder al aeropuerto que las autoridades israelíes les niegan en su suelo.

Shawan Yabarin, director de "Al Haq", la mayor y decana ONG de derechos humanos de Cisjordania, sólo pudo cruzar Allenby la semana pasada, por primera vez en seis años, gracias a un permiso especial del Tribunal Supremo israelí para asistir a una conferencia en Ginebra.

La corte rechazó levantarle la prohibición, sustentada en información secreta, y prefirió dejarle viajar a desvelar de qué se le acusa.

Ante la interdicción, muchos desisten, como si se tratase de un inmutable designio divino, y otros recurren a ONG o pagan entre 1.600 y 5.000 shekels (315 y 980 euros) a abogados privados, algunos de los cuales alegan "contactos en el Shabak" (el servicio secreto interno israelí responsable de la decisión) para atraer clientes.

Quienes llevan el caso ante la Justicia reciben respuestas "lacónicas y estandarizadas" sobre el motivo de su maleficio legal, como "pone en peligro la seguridad de la región" o "mantiene contactos con Hamás", en referencia a un amigo o familiar en el movimiento islamista, explica Sylvia Piterman, de Majsom Watch y autora del informe "Prisioneros invisibles".

Un tercio de las peticiones de retirada gestionadas por Majsom Watch fueron aceptadas por la administración militar y un 70% tras la apelación judicial.

Otra organización israelí de derechos humanos, Hamoked, obtuvo un 65% de victorias en los 350 casos resueltos de prohibiciones de cruzar a Jordania que ha llevado desde 2009.

Datos que, a juicio de Piterman, prueban que los rechazados difícilmente amenazan la seguridad de Israel, a lo que se suma que, de hecho, unos 10.000 (según los cálculos más conservadores) viven de forma ilegal en el país, escondidos o cruzando en la oscuridad para ganarse el pan.

"No creo que estén esperando a recibir el permiso para atacar a alguien", ironiza Piterman, quien defiende que la "lista negra" está diseñada para reclutar colaboracionistas.

"Si nos ayudas te ayudaremos" es la frase que escucha una legión de desesperados por librarse de una prohibición que puede condenarles a la pobreza o, en los casos más extremos, privarles de tratamientos médicos inexistentes en Cisjordania.

"El hecho de que las peticiones de retirada requieran presencia física abona el terreno para las presiones. Está muy extendida la práctica de tratar de obtener colaboración de quienes piden la revocación", afirma Elad Kahana, abogado de "Hamoked".

Consultadas por Efe, fuentes de la seguridad israelí señalaron que todas las peticiones de ingreso son "evaluadas caso por caso", de "forma profesional y de acuerdo a los criterios relevantes".

"La entrada de los residentes palestinos en Israel no es un derecho automático y esta posición está respaldada por distintas decisiones del Supremo", indicaron sobre un tema burocrático motivo de inquietud para muchos palestinos de Cisjordania ante el temor de figurar en una "lista negra".

Antonio Pita, Agencia EFE