La Audiencia Española exige a Israel y Turquía información sobre el ataque a la flotilla de Gaza

El magistrado ha abierto unas diligencias previas para saber si la Justicia española sería competente para investigar este asunto. Es su respuesta a la denuncia presentada el pasado 23 de julio por los tres ciudadanos españoles que viajaban en el barco de bandera turca y en la que acusan de delitos de lesa humanidad al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, a seis de sus ministros y el militar que estaba al mando de la operación.

La demanda de la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad, en nombre de Laura Arau y Manuel Espinal y del periodista David Segarra, imputaba a las autoridades israelíes de tres detenciones ilegales, tres deportaciones y tres delitos de torturas. Los querellados, además de Netanyahu, son el ministro de Defensa, Ehud Barak; el de Interior, Eli Yishai; el de Exteriores, Abigdor Lieberman; el de Inteligencia y Asuntos Atómicos, Dan Meridor; el de Asuntos Estratégicos, Moshe Ya'alon; y el ministro sin cartera Benny Bergin. Junto a ellos se pide la imputación del vicealmirante Eliezer Marom, quien dirigió el asalto.

Derechos violados

Para conocer más detalles sobre el asalto en aguas internacionales, el instructor también ha pedido al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Sihasak Phuangketkeow, que le envíe la documentación del equipo de investigación independiente creado la pasada semana para investigar si los soldados israelíes cometieron violaciones de derechos humanos en la operación militar contra el 'Mavi Marmara'.

Ruz asegura en principio que los hechos descritos en la querella de los españoles «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». No obstante, considera «prematuro aventurar una calificación indiciaria definitiva», máxime sin haber determinado si la Audiencia Nacional sería competente. De hecho, el sustituto de Baltasar Garzón también se ha dirigido a la Fiscalía del tribunal de la calle Génova para que informe sobre si cree que la Justicia española puede legalmente investigar el asalto.

Hoy.es